"Gobernacion"
Asi, con minúsculas, titula Beatriz Paredes su colaboración editorial a "El Universal" del lunes 21 de enero. Para exponer un punto de vista personal que vá profundo, más allá de los cambios de personajes.
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Motivada por el sobredimensionamiento que le han dado al relevo del titular de la Secretaría de Gobernación, deseo compartir una reflexión sobre el tema, subrayando que es una opinión personal y que no refleja el posicionamiento del Partido del que soy dirigente sobre los relevos en el gabinete del Presidente Calderón.
Desde mi perspectiva, hace años la Secretaría de Gobernación empezó a disminuir su influencia en la conducción de la política interior. De ahí que vale la pena analizar la eficacia del Órgano Institucional, independientemente de los perfiles de sus titulares. Veamos: De aquella mítica Secretaría de Gobernación, cuya titularidad tuvo Díaz Ordaz, Echeverría, Mario Moya, Jesús Reyes Heroles, Enrique Olivares Santana, Manuel Bartlett, que concentraba funciones medulares para el manejo de la gobernación, sin injerencia relevante de ninguna otra área, a la actual institución asentada en Bucareli, hay enormes diferencias.
Creo que la primera etapa del debilitamiento estructural de Gobernación empieza en 1988, cuando el establecimiento de la Oficina de la Presidencia bifurcó los conductos para tramitar asuntos relevantes de la política interior con el Presidente, y cuando la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia bifurcó los canales de interlocución de los medios con el Estado. Sólo la recia personalidad de Don Fernando Gutiérrez Barrios, y su vasta red de relaciones y de información política, pudo salvaguardar un rol relevante para la Secretaría, que enfrentaba —quizá sin premeditación— un proceso de socavamiento institucional.
Una de las funciones relevantes que anteriormente desempeñaba el secretario de Gobernación, el presidir el órgano encargado de concertar los procesos electorales, y el papel que jugaba la secretaría en la organización de elecciones, había entrado en crisis en 1988, y se legisló, a través de acuerdos pluripartidistas, para que la institución, como representante del gobierno, quedara fuera de los comicios. Este proceso se consolida cuando se establece que en el IFE no tendría ninguna presencia institucional, la Secretaría de Gobernación.
Otro asunto que incide en el debilitamiento, y/o la transformación del papel preponderante que en otras épocas tuvo la secretaría, es la compleja evolución —si queremos llamarle así— de las funciones de seguridad del Estado que alguna vez tuvo a su cargo. El hecho es que, hoy, las funciones de seguridad están distribuidas entre Secretaría de Seguridad Pública Federal, Procuraduría General de la República, y en funciones de mayor trascendencia, Ejército y Armada. Aunque el Cisen sigue adscrito a Gobernación, es evidente que las cuestiones de inteligencia, tan importantes en un país con nuestra condición geopolítica, están pasando por un momento difícil, y tiene demasiadas áreas a las que reportar.
Lo que quiero dejar claro es que no se puede pretender que una Secretaría de Gobernación minimizada, en una etapa en la que además, el partido que gobierna no tiene mayorías en las cámaras, responda a las necesidades de mayor eficacia en la política interior y en la Seguridad Nacional que requiere la sociedad mexicana y el país. Pensando en México, y si mi aserto es pertinente, es necesario valorar, en el marco de la Reforma del Estado, si es que las funciones relacionadas con Seguridad Nacional, Inteligencia, Seguridad Pública y Readaptación Social, deberían formar parte de una Secretaría del Interior, y las funciones eminentemente políticas, relación con los Poderes, con los partidos, con los estados y municipios, con los Medios, con las iglesias, demografía y migración, deberían formar parte de una nueva Secretaría de Gobernación. Valdría la pena escuchar la opinión de respetables políticos y/o funcionarios ex titulares de la secretaría, y no se encontraron con el aparato gubernamental que esperaban. Hagamos un recuento de los cambios al frente de la institución de 1988 para acá: Fernando Gutiérrez Barrios de diciembre de 1988 a enero de 1993; Patrocinio González Blanco de enero de 1993 a enero de 1994; Jorge Carpizo de enero a noviembre de 1994. Esteban Moctezuma de diciembre de 1994 a junio de 1995; Emilio Chuayffet de junio de 1995 a enero de 1998; Francisco Labastida de enero de 1998 a mayo de 1999; Diódoro Carrasco de mayo de 1999 a noviembre de 2000. Santiago Creel de diciembre de 2000 a junio de 2005 y Carlos Abascal de junio de 2005 a noviembre de 2006.
Lo cierto es que los relevos de las personas no son solución en sí mismos. Hay que pensar si no estamos viviendo una crisis de capacidad institucional, independientemente de la competencia o incompetencia de las personas, que no es mi propósito juzgar en este artículo.
correo@beatrizparedes.org
Dirigente nacional del PRI
21 de enero de 2008
Tiene el gobierno fondos para desarrollar Pemex
La renta petrolera en 2007 fue de $432 mil 789 millones
Los ingresos van al erario, según información oficial
Israel Rodríguez J.
La Jornada. Sábado 19 de Enero del 2008
El gobierno federal posee los suficientes recursos para destinarlos al desarrollo de la infraestructura productiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin necesidad de la participación de la inversión privada, según se constata en el análisis de los informes más recientes sobre finanzas públicas y de los resultados financieros de la empresa.
Sin embargo, la renta petrolera en el país se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una herramienta para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero de México.
La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de la venta del petróleo y su costo de extracción. Esto significa que si en promedio el extraer un barril de petróleo en el país tiene un costo promedio de ocho dólares y se vende en los mercados internacionales en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos y un costo de ventas más gastos operativos de 375 mil 339 millones de pesos, es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Lo anterior, contrasta con el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector, encabezados por la Secretaría de Energía, Georgina Kessel y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y legisladores del PRI y PAN, que consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
El mismo informe señala, sin embargo, que al cierre del tercer trimestre de 2007, la paraestatal entregó o pagó al fisco; entre impuestos, derechos y aprovechamientos, 457 mil 341 millones de pesos, es decir, tuvo que entregar la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos, aproximadamente.
Según la última información disponible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de noviembre de 2007, las finanzas públicas registraron un superávit fiscal, es decir, más ingresos que gastos, por 192 mil 98 millones de pesos, como resultado de haber obtenido ingresos por 2 billones 35 mil 500 millones de pesos y de haber realizado gastos por un billón 874 mil 615 millones de pesos.
Esta favorable evolución de los ingresos presupuestarios se explica en gran medida con el positivo comportamiento de los ingresos petroleros que a noviembre del año pasado fueron de 753 mil 153.3 millones de pesos, lo que representó 37 por ciento del total. Esto quiere decir que de cada peso que ingresó al gobierno 37 centavos provinieron directamente del petróleo.
Es importante señalar que esta proporción es mayor si se considera la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado de las gasolinas y los excedentes petroleros, éstos últimos se estima que ascendieron a noviembre del año pasado a 113 mil 399 millones de pesos.
En contraste se observó que el gasto público se concentró en el gasto corriente que ascendió a un billón 231 mil 836 millones de pesos, cifra que representa el 61 por ciento del gasto total, seguido por el gasto no programable que significó 25.5 por ciento y que se conforma principalmente por el costo financiero de la deuda y las participaciones federales a los Estados de la República.
A este respecto, el especialista y consultor en temas financieros, Mario Di Costanzo afirmó: “Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que entrarán al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna empresa del mundo, aceptaría o sería rentable, con esa carga fiscal”.
El también secretario de la hacienda pública del autodenominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, indicó que a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la reforma energética que se presentará no buscará la privatización de Pemex, pero el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo, implicaría la transferencia o cesión de buena parte de la renta petrolera que es de todos los mexicanos, a compañías privadas extranjeras, advirtió.
Alertó que la inversión privada o empresas trasnacionales que entren al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal “carga fiscal” por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida, lo que les permitiría adueñarse de la “renta petrolera”.
Los ingresos van al erario, según información oficial
Israel Rodríguez J.
La Jornada. Sábado 19 de Enero del 2008
El gobierno federal posee los suficientes recursos para destinarlos al desarrollo de la infraestructura productiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin necesidad de la participación de la inversión privada, según se constata en el análisis de los informes más recientes sobre finanzas públicas y de los resultados financieros de la empresa.
Sin embargo, la renta petrolera en el país se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una herramienta para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero de México.
La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de la venta del petróleo y su costo de extracción. Esto significa que si en promedio el extraer un barril de petróleo en el país tiene un costo promedio de ocho dólares y se vende en los mercados internacionales en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos y un costo de ventas más gastos operativos de 375 mil 339 millones de pesos, es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Lo anterior, contrasta con el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector, encabezados por la Secretaría de Energía, Georgina Kessel y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y legisladores del PRI y PAN, que consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
El mismo informe señala, sin embargo, que al cierre del tercer trimestre de 2007, la paraestatal entregó o pagó al fisco; entre impuestos, derechos y aprovechamientos, 457 mil 341 millones de pesos, es decir, tuvo que entregar la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos, aproximadamente.
Según la última información disponible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de noviembre de 2007, las finanzas públicas registraron un superávit fiscal, es decir, más ingresos que gastos, por 192 mil 98 millones de pesos, como resultado de haber obtenido ingresos por 2 billones 35 mil 500 millones de pesos y de haber realizado gastos por un billón 874 mil 615 millones de pesos.
Esta favorable evolución de los ingresos presupuestarios se explica en gran medida con el positivo comportamiento de los ingresos petroleros que a noviembre del año pasado fueron de 753 mil 153.3 millones de pesos, lo que representó 37 por ciento del total. Esto quiere decir que de cada peso que ingresó al gobierno 37 centavos provinieron directamente del petróleo.
Es importante señalar que esta proporción es mayor si se considera la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado de las gasolinas y los excedentes petroleros, éstos últimos se estima que ascendieron a noviembre del año pasado a 113 mil 399 millones de pesos.
En contraste se observó que el gasto público se concentró en el gasto corriente que ascendió a un billón 231 mil 836 millones de pesos, cifra que representa el 61 por ciento del gasto total, seguido por el gasto no programable que significó 25.5 por ciento y que se conforma principalmente por el costo financiero de la deuda y las participaciones federales a los Estados de la República.
A este respecto, el especialista y consultor en temas financieros, Mario Di Costanzo afirmó: “Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que entrarán al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna empresa del mundo, aceptaría o sería rentable, con esa carga fiscal”.
El también secretario de la hacienda pública del autodenominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, indicó que a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la reforma energética que se presentará no buscará la privatización de Pemex, pero el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo, implicaría la transferencia o cesión de buena parte de la renta petrolera que es de todos los mexicanos, a compañías privadas extranjeras, advirtió.
Alertó que la inversión privada o empresas trasnacionales que entren al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal “carga fiscal” por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida, lo que les permitiría adueñarse de la “renta petrolera”.
20 de enero de 2008
Pemex, sin fondos por excesiva transferencia al Gobierno, dice EU
-Se le deja sin recursos para revertir la declinación de reservas: Departamento de Energía
-PEMEX, sin fondos por excesiva transferencia al gobierno, dice EU
La reserva probada de crudo es ahora una cuarta parte de la reportada hace una década
-En desequilibrio orilla a la empresa a endeudarse y le impide acceder a mercados de capital
Roberto González Amador
La Jornada. Enero 9 del 2008
Un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos aseguró que la incapacidad financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) para invertir en acciones que permitan aumentar la reserva de hidrocarburo está determinada sobre todo por la cuantiosa transferencia de recursos al gobierno federal.
“Pemex no tiene suficientes fondos disponibles para exploración y para invertir en acciones que permitan revertir la declinación de reservas, debido a la gran cantidad de ingresos de la compañía que son transferidos al gobierno federal”, indicó el Departamento de Energía estadunidense.
La falta de recursos de Pemex para realizar nuevas exploraciones y aumentar la reserva probada de petróleo es uno de los argumentos que usan sectores favorables a modificar el actual estatus legal de la compañía, que impide la entrada de inversión privada. Este tipo de explicación ha sido ofrecida tanto por funcionarios de la actual administración federal como por legisladores del partido en el gobierno en el Senado de la República, donde se estudia una posible reforma del sector energético.
En un informe concluido en diciembre pasado, la Administración de Información de Energía, una agencia del Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, mencionó que la reserva probada de petróleo de México es ahora de 12 mil 400 millones de barriles de crudo, cantidad que representa sólo una cuarta parte de la reportada hace una década, cuando fue de 48 mil 800 millones de barriles.
Al citar datos oficiales del gobierno mexicano, el reporte del DOE indica que la reserva probada de petróleo en México es ahora suficiente para 10 años, a los actuales ritmos de explotación, cuando apenas en 2002 era suficiente para cubrir 20 años de actividad.
Agrega que Petróleos Mexicanos enfrenta varios desafíos en su esfuerzo por detener la caída en la producción de crudo. En primer lugar, menciona, Pemex entrega al gobierno federal una “gran proporción” de sus ingresos, “transfiriendo algunas veces montos excesivos según su nivel de ganancias”.
Adicionalmente, agrega, el Congreso debe aprobar el presupuesto de la empresa cada año, lo que tiene el efecto de limitar la capacidad de Pemex de tomar sus decisiones de manera independiente, y también inhibe la planeación de largo plazo.
El desbalance que afecta a Pemex en cuanto al monto de recursos que entrega al gobierno ha llevado a la empresa a recurrir a un mayor endeudamiento, lo que, añade el DOE, puede limitar su acceso a los mercados internacionales de capital e impedir un aumento en su gasto para exploración y producción.
El 20 de diciembre pasado, la agencia de noticias Bloomberg divulgó un despacho en el que dio cuenta que en el Senado se trabaja en una iniciativa, respaldada por Acción Nacional, el partido en el gobierno, para permitir que algunas actividades relacionadas con la industria petrolera puedan ser financiadas con capital privado, algo que actualmente está prohibido por la Constitución y las leyes secundarias.
La propuesta que está estudiando la Comisión de Energía del Senado permitiría a compañías petroleras operar oleoductos, refinerías y distribuir productos petroleros en México, dijo a Bloomberg el senador Rubén Camarillo, del Partido Acción Nacional.
“Creemos que hay una gran oportunidad para la participación de la iniciativa privada, siempre y cuando se sujete al concepto de que Pemex no se privatice”, según el legislador panista. “Nosotros vemos ductos, transportación, distribución y almacenamiento, que son áreas que están rezagadas”.
Permitir que compañías privadas desempeñen un mayor papel en la industria petrolera, controlada por el Estado, es una de las principales metas del partido de Calderón. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, señaló en diciembre que la producción de crudo de México podía caer un tercio para 2016, a menos que los legisladores relajen las reglas de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con la agencia de noticias.
-PEMEX, sin fondos por excesiva transferencia al gobierno, dice EU
La reserva probada de crudo es ahora una cuarta parte de la reportada hace una década
-En desequilibrio orilla a la empresa a endeudarse y le impide acceder a mercados de capital
Roberto González Amador
La Jornada. Enero 9 del 2008
Un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos aseguró que la incapacidad financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) para invertir en acciones que permitan aumentar la reserva de hidrocarburo está determinada sobre todo por la cuantiosa transferencia de recursos al gobierno federal.
“Pemex no tiene suficientes fondos disponibles para exploración y para invertir en acciones que permitan revertir la declinación de reservas, debido a la gran cantidad de ingresos de la compañía que son transferidos al gobierno federal”, indicó el Departamento de Energía estadunidense.
La falta de recursos de Pemex para realizar nuevas exploraciones y aumentar la reserva probada de petróleo es uno de los argumentos que usan sectores favorables a modificar el actual estatus legal de la compañía, que impide la entrada de inversión privada. Este tipo de explicación ha sido ofrecida tanto por funcionarios de la actual administración federal como por legisladores del partido en el gobierno en el Senado de la República, donde se estudia una posible reforma del sector energético.
En un informe concluido en diciembre pasado, la Administración de Información de Energía, una agencia del Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, mencionó que la reserva probada de petróleo de México es ahora de 12 mil 400 millones de barriles de crudo, cantidad que representa sólo una cuarta parte de la reportada hace una década, cuando fue de 48 mil 800 millones de barriles.
Al citar datos oficiales del gobierno mexicano, el reporte del DOE indica que la reserva probada de petróleo en México es ahora suficiente para 10 años, a los actuales ritmos de explotación, cuando apenas en 2002 era suficiente para cubrir 20 años de actividad.
Agrega que Petróleos Mexicanos enfrenta varios desafíos en su esfuerzo por detener la caída en la producción de crudo. En primer lugar, menciona, Pemex entrega al gobierno federal una “gran proporción” de sus ingresos, “transfiriendo algunas veces montos excesivos según su nivel de ganancias”.
Adicionalmente, agrega, el Congreso debe aprobar el presupuesto de la empresa cada año, lo que tiene el efecto de limitar la capacidad de Pemex de tomar sus decisiones de manera independiente, y también inhibe la planeación de largo plazo.
El desbalance que afecta a Pemex en cuanto al monto de recursos que entrega al gobierno ha llevado a la empresa a recurrir a un mayor endeudamiento, lo que, añade el DOE, puede limitar su acceso a los mercados internacionales de capital e impedir un aumento en su gasto para exploración y producción.
El 20 de diciembre pasado, la agencia de noticias Bloomberg divulgó un despacho en el que dio cuenta que en el Senado se trabaja en una iniciativa, respaldada por Acción Nacional, el partido en el gobierno, para permitir que algunas actividades relacionadas con la industria petrolera puedan ser financiadas con capital privado, algo que actualmente está prohibido por la Constitución y las leyes secundarias.
La propuesta que está estudiando la Comisión de Energía del Senado permitiría a compañías petroleras operar oleoductos, refinerías y distribuir productos petroleros en México, dijo a Bloomberg el senador Rubén Camarillo, del Partido Acción Nacional.
“Creemos que hay una gran oportunidad para la participación de la iniciativa privada, siempre y cuando se sujete al concepto de que Pemex no se privatice”, según el legislador panista. “Nosotros vemos ductos, transportación, distribución y almacenamiento, que son áreas que están rezagadas”.
Permitir que compañías privadas desempeñen un mayor papel en la industria petrolera, controlada por el Estado, es una de las principales metas del partido de Calderón. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, señaló en diciembre que la producción de crudo de México podía caer un tercio para 2016, a menos que los legisladores relajen las reglas de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con la agencia de noticias.
16 de enero de 2008
EL CAMPO MEXICANO Y EL TLC
¿COMO MEDIR LO BENEFICIOSO DEL TLC PARA EL CAMPO MEXICANO?
Buen cuestionamiento al herramental de los economistas que lo mismo parece servir para afirmar que negar a la vez los fenomenos económicos, y que, si no comprendieran aspectos vitales de la sociedad rural mexicana, pudieran ser solo tema de teóricos y no un marco de acción frente a la tragedia de millones de compatriotas.
La reflexion final de la maestra Sefchovich, es estrujante. ¿Como hemos podido, entre ellos los economistas, dormir tranquilos todo este tiempo?
Amigo lector, colega economista, te invito a enviar tu opinión.
¿QUE SIGNIFICA "BENEFICIOSO"?
Sara Sefchovich
El Universal. Miércoles 16 de enero de 2008
El presidente Calderón declaró hace unos días que “si se miran de manera agregada los datos, el TLC ha sido beneficioso para México”.
Puesto que una ciudadana común y corriente como yo no sabe qué quiere decir eso, pues vivo en un país que ya no produce ni un tornillo y no veo cómo eso se puede considerar beneficioso, acudí a los especialistas para que me lo expliquen. Pero lo que me dijeron fue completamente otra cosa: que a poco más de una década de su entrada en vigor, ya resulta claro que el dicho tratado solamente favoreció a los grandes consorcios, y que “la disparidad de renta entre ambos países ha aumentado en 10%”, y que para la economía mexicana el crecimiento ha sido de un decepcionante 1.8% (otra fuente habla de 0.9% desde 1994 hasta 2007), y que hay un importante retroceso en el ingreso per cápita, cuyo crecimiento real “fue casi inapreciable”, y que México “depende más de Estados Unidos”.
Por eso el economista Joseph Stiglitz escribió: “La liberalización y la apertura de mercados es una consigna que el norte inventó para los países del hemisferio sur, pues ellos siguen siendo proteccionistas”.
Sin embargo, esta perspectiva, por terrible que sea, todavía no llega a la entraña del asunto. En notas aisladas aparecidas aquí y allá va saliendo a la luz la tragedia de la vida del dueño de una fábrica de suéteres o de juguetes o de zapatos que tuvo que despedir a sus 400 obreros, deshacerse de sus máquinas y empezar a comprar productos chinos de contrabando para revenderlos, o de la esposa del campesino que una vez por semana desde hace medio siglo iba a la ciudad más cercana a vender las flores o las lechugas que aquél cultiva y que un buen día ya no le compraron porque el mercado está inundado de flores holandesas y de lechugas de California, o de la familia que tiene que pedir limosna porque no tiene ya caso sembrar jitomate o frijol.
A todas esas personas sin duda les va bien la frase del economista: “Los pequeños productores de todo México han enfrentado la competencia de importaciones baratas de EU”, pero les queda corta. Porque como escribió un lector en una carta publicada en un diario español: “¡Estos economistas y sus números nos iluminan con su inagotable sabiduría! Si una persona se come un pollo y la otra no, estadísticamente los dos se han comido medio, argumento macroeconómicamente impecable, aunque desde la economía doméstica una de las dos muera de hambre, también de manera impecable”.
Algo así sucede con la palabra “beneficioso” que han empleado Salinas y Zedillo, Fox y Calderón en relación al Tratado de Libre Comercio, y que reiteran sus secretarios de Hacienda cuando dicen que la macroeconomía está perfecta, y sus secretarios de Agricultura cuando juran que el campo está bien y que “el sector rural fortalece nuestra seguridad alimentaria” y que “nuestro país, con su política agropecuaria, se puede hacer cargo de su alimentación”, palabras todas dichas por ellos aunque desdichas por otros.
A principios de los años 80 David Barkin y Blanca Suárez en su libro El fin de la autosuficiencia alimentaria llegaron a la conclusión de que aún en tiempos con crecimiento de la producción de granos, frutas, legumbres y oleaginosas, como sucedió en los 60, el desastre del campo estaba anunciado porque la tendencia no era producir para las necesidades humanas sino para conseguir rentabilidad para el gran capital.
A principios de esta década, de este siglo XXI, la Confederación Nacional Campesina y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos dijeron que “la demanda nacional de alimentos había sido cubierta en 50% con adquisiciones del exterior” y que “casi la mitad de las divisas que entran por la venta de petróleo tienen que salir por la compra de granos básicos, carne y leche”. Según un estudioso, “las importaciones de alimentos han crecido 400% en 20 años”, y de ésas, 82% del total de las agropecuarias proviene de Estados Unidos.
De modo que la apertura de las fronteras al maíz, el frijol, la leche en polvo y el azúcar ya es sólo el último escalón de la catástrofe del campo mexicano, que se viene a agregar a la catástrofe de la pequeña y mediana industria y comercio, para dejarnos como país que sólo tiene para ofrecer servicios y mano de obra. Pero está visto que saberlo no va a impedir que el Presidente y sus funcionarios, los legisladores y los estudiosos de la economía, quien esto escribe y usted amable lector, nos vayamos a la cama después de cenar, a dormir tranquilamente. Y es allí donde radica nuestra complicidad con la injusticia.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
Buen cuestionamiento al herramental de los economistas que lo mismo parece servir para afirmar que negar a la vez los fenomenos económicos, y que, si no comprendieran aspectos vitales de la sociedad rural mexicana, pudieran ser solo tema de teóricos y no un marco de acción frente a la tragedia de millones de compatriotas.
La reflexion final de la maestra Sefchovich, es estrujante. ¿Como hemos podido, entre ellos los economistas, dormir tranquilos todo este tiempo?
Amigo lector, colega economista, te invito a enviar tu opinión.
¿QUE SIGNIFICA "BENEFICIOSO"?
Sara Sefchovich
El Universal. Miércoles 16 de enero de 2008
El presidente Calderón declaró hace unos días que “si se miran de manera agregada los datos, el TLC ha sido beneficioso para México”.
Puesto que una ciudadana común y corriente como yo no sabe qué quiere decir eso, pues vivo en un país que ya no produce ni un tornillo y no veo cómo eso se puede considerar beneficioso, acudí a los especialistas para que me lo expliquen. Pero lo que me dijeron fue completamente otra cosa: que a poco más de una década de su entrada en vigor, ya resulta claro que el dicho tratado solamente favoreció a los grandes consorcios, y que “la disparidad de renta entre ambos países ha aumentado en 10%”, y que para la economía mexicana el crecimiento ha sido de un decepcionante 1.8% (otra fuente habla de 0.9% desde 1994 hasta 2007), y que hay un importante retroceso en el ingreso per cápita, cuyo crecimiento real “fue casi inapreciable”, y que México “depende más de Estados Unidos”.
Por eso el economista Joseph Stiglitz escribió: “La liberalización y la apertura de mercados es una consigna que el norte inventó para los países del hemisferio sur, pues ellos siguen siendo proteccionistas”.
Sin embargo, esta perspectiva, por terrible que sea, todavía no llega a la entraña del asunto. En notas aisladas aparecidas aquí y allá va saliendo a la luz la tragedia de la vida del dueño de una fábrica de suéteres o de juguetes o de zapatos que tuvo que despedir a sus 400 obreros, deshacerse de sus máquinas y empezar a comprar productos chinos de contrabando para revenderlos, o de la esposa del campesino que una vez por semana desde hace medio siglo iba a la ciudad más cercana a vender las flores o las lechugas que aquél cultiva y que un buen día ya no le compraron porque el mercado está inundado de flores holandesas y de lechugas de California, o de la familia que tiene que pedir limosna porque no tiene ya caso sembrar jitomate o frijol.
A todas esas personas sin duda les va bien la frase del economista: “Los pequeños productores de todo México han enfrentado la competencia de importaciones baratas de EU”, pero les queda corta. Porque como escribió un lector en una carta publicada en un diario español: “¡Estos economistas y sus números nos iluminan con su inagotable sabiduría! Si una persona se come un pollo y la otra no, estadísticamente los dos se han comido medio, argumento macroeconómicamente impecable, aunque desde la economía doméstica una de las dos muera de hambre, también de manera impecable”.
Algo así sucede con la palabra “beneficioso” que han empleado Salinas y Zedillo, Fox y Calderón en relación al Tratado de Libre Comercio, y que reiteran sus secretarios de Hacienda cuando dicen que la macroeconomía está perfecta, y sus secretarios de Agricultura cuando juran que el campo está bien y que “el sector rural fortalece nuestra seguridad alimentaria” y que “nuestro país, con su política agropecuaria, se puede hacer cargo de su alimentación”, palabras todas dichas por ellos aunque desdichas por otros.
A principios de los años 80 David Barkin y Blanca Suárez en su libro El fin de la autosuficiencia alimentaria llegaron a la conclusión de que aún en tiempos con crecimiento de la producción de granos, frutas, legumbres y oleaginosas, como sucedió en los 60, el desastre del campo estaba anunciado porque la tendencia no era producir para las necesidades humanas sino para conseguir rentabilidad para el gran capital.
A principios de esta década, de este siglo XXI, la Confederación Nacional Campesina y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos dijeron que “la demanda nacional de alimentos había sido cubierta en 50% con adquisiciones del exterior” y que “casi la mitad de las divisas que entran por la venta de petróleo tienen que salir por la compra de granos básicos, carne y leche”. Según un estudioso, “las importaciones de alimentos han crecido 400% en 20 años”, y de ésas, 82% del total de las agropecuarias proviene de Estados Unidos.
De modo que la apertura de las fronteras al maíz, el frijol, la leche en polvo y el azúcar ya es sólo el último escalón de la catástrofe del campo mexicano, que se viene a agregar a la catástrofe de la pequeña y mediana industria y comercio, para dejarnos como país que sólo tiene para ofrecer servicios y mano de obra. Pero está visto que saberlo no va a impedir que el Presidente y sus funcionarios, los legisladores y los estudiosos de la economía, quien esto escribe y usted amable lector, nos vayamos a la cama después de cenar, a dormir tranquilamente. Y es allí donde radica nuestra complicidad con la injusticia.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
6 de enero de 2008
"Cronica del final de un nuevo comienzo" El TLC, el Campo Mexicano y las Organizaciones Campesinas
Acudimos este 6 de Enero a un evento mas trivial que los ceremoniales de años anteriores. ¿Que esta pasando? No tenemos una crónica siquiera, la prensa le ha perdido el interés al emblemático Conmemorativo del Aniversario de la Expedicion de la Ley Agraria de 1915; el hecho ya no es noticia, no vende y menos paga. Quiza eso hace interesante la reflexión de Rolando Cordera, intentar jalar un hilo de esa madeja llamada el Campo Mexicano.
Tú estimado Economista y lector, ¿Que opinas, sin maíz no hay país, sin frijol tampoco?
LO MERO BASICO
Rolando Cordera Campos
El reconocimiento de varios gobernadores y legisladores sobre la grave situación del campo mexicano es bienvenida, aunque su oportunidad deja mucho que desear, porque los problemas centrales estaban ahí de antiguo y los resultados ominosos que nos han traído los vuelcos globales se anunciaron con tiempo. Las diversas tomas de posición –de las cuales con poca precisión nos informó la prensa–, permitían pensar que frente a la emergencia podía imaginarse una iniciativa política nacional para el campo basada en una discusión, que ha estado sofocada por la falta de información, la confusión en los términos de los problemas, y sobre todo por la debilidad de voz de la sociedad rural, donde de todos modos se dirime el abasto básico de los mexicanos.
Menos entusiasmo despertaban las notas referentes a los planteamientos sobre la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN; en realidad, de tomarlas en serio, uno tendría que sentir primero bochorno y luego temor: ¿de qué política y políticos se trata? ¿En manos de quiénes hemos estado estos años? ¿Puede sostenerse una posición así cuando el proceso que nos trajo a la situación actual empezó hace décadas y en todo caso fue acelerado por los acuerdos de 1994 y sus aperturas más que anunciadas? Pedir la renegociación sin más –no al cuarto para las doce, sino pasada la media noche– sonaba más bien a una inocentada del día 28, pero sobre todo a una burla cruel de políticos alejados de su responsabilidad y dispuestos a hacer la nota del desvelo de la noche vieja.
Pero así ocurrió y llegó la hora de reconsiderar y encarar la movilización y el reclamo sin caer en una demagogia con tufo suicida: la renegociación no resuelve nada, y sí podría agravar las cosas en una cadena alimentaria asediada por vulnerabilidades y deficiencias productivas, por un lado, y por otro, por los cambios de dieta y gusto que nos han traído la urbanización y el cambio demográfico, para no mencionar el secular descuido de la política sanitaria mexicana en materia de nutrición, que ha exacerbado el consumo de cárnicos, cuya alimentación depende de los granos.
Poner las crisis del campo mexicano en una perspectiva adecuada no es recular ni revela falta de voluntad política. El que no se haya hecho a tiempo y con la reflexión necesaria demuestra más bien la incapacidad del Estado y las fuerzas políticas afirmadas en la transición para hacerse cargo de la conducción concreta de las cosas públicas, que implica la creación de las condiciones generales y materiales necesarias, precisamente, para que la cosa pública siga siendo eso y la reproducción de la sociedad obedezca a criterios e intereses generales vinculados con el avance de la vida democrática o la superación de un encono social cuyas raíces tocan fondo en la desigualdad para asegurar y enriquecer el abasto básico.
La fecha fatídica no fue este primero de enero; lo que va a pasar ya pasó, desde que el Estado decidió que los alimentos eran cosa de cada quien y del comercio exterior, en un triste y vergonzoso homenaje a David Ricardo. Abandonada casi toda idea de una política de Estado para el campo y los alimentos básicos, como se propuso al fin de los 70, todo se volvió acción de emergencia, puja puntual entre grupos de productores y gobernantes, negociación cínica y opaca entre líderes y gobierno, transferencias sin ton ni son, migración salvaje y despoblamiento, entronización regional del narcocultivo y sus corridos.
Y sin embargo, el maíz blanco se siguió produciendo y en otros frentes se aprovecharon avenidas de comercio que redundaron en ganancias y modificaciones tecnológicas importantes. Lo que no cambió es la pobreza y la desolación campesina y rural, donde el desarrollo humano avanza por micras y la cohesión social se desvanece cuánticamente.
La paradoja es cruel: la útima apertura se da cuando los precios de los granos y alimentos básicos registran un incremento portentoso debido a la mutación alimentaria china y la decisión del gobierno estadunidense de desviar porciones considerables de su producción maicera a la energía. Con precios al alza, se crean condiciones impensadas para la producción interna de granos, en especial maíz, pero a la vez queda claro que la apertura ya no es sinónimo de precios bajos sino de lo contrario, lo que trae a la mesa el tema de los salarios y los ingresos rurales y urbanos: el estímulo del mercado, que es innegable, debe verse acompasado por medidas redistributivas de fondo y concertadas, así como de políticas de fomento productivo que contemplen la complejidad renovada de la cadena agropecuaria y de la sociedad rural.
Con gritos y sombrerazos no podrán los gobernadores, líderes campesinos y legisladores ofrecernos una pauta racional para encauzar el reclamo airado del mundo rural por su abandono secular y, a la vez, hacer frente al cambio global del que no podemos hacernos a un lado. Tal vez ahora, frente a lo mero básico, la política empiece a recuperar su doble misión histórica de procesar la lucha por el poder y de administrar dilemas, más que recursos, con visión de largo plazo, como la que dejamos en algún surco hace 25 años o más.
Tú estimado Economista y lector, ¿Que opinas, sin maíz no hay país, sin frijol tampoco?
LO MERO BASICO
Rolando Cordera Campos
El reconocimiento de varios gobernadores y legisladores sobre la grave situación del campo mexicano es bienvenida, aunque su oportunidad deja mucho que desear, porque los problemas centrales estaban ahí de antiguo y los resultados ominosos que nos han traído los vuelcos globales se anunciaron con tiempo. Las diversas tomas de posición –de las cuales con poca precisión nos informó la prensa–, permitían pensar que frente a la emergencia podía imaginarse una iniciativa política nacional para el campo basada en una discusión, que ha estado sofocada por la falta de información, la confusión en los términos de los problemas, y sobre todo por la debilidad de voz de la sociedad rural, donde de todos modos se dirime el abasto básico de los mexicanos.
Menos entusiasmo despertaban las notas referentes a los planteamientos sobre la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN; en realidad, de tomarlas en serio, uno tendría que sentir primero bochorno y luego temor: ¿de qué política y políticos se trata? ¿En manos de quiénes hemos estado estos años? ¿Puede sostenerse una posición así cuando el proceso que nos trajo a la situación actual empezó hace décadas y en todo caso fue acelerado por los acuerdos de 1994 y sus aperturas más que anunciadas? Pedir la renegociación sin más –no al cuarto para las doce, sino pasada la media noche– sonaba más bien a una inocentada del día 28, pero sobre todo a una burla cruel de políticos alejados de su responsabilidad y dispuestos a hacer la nota del desvelo de la noche vieja.
Pero así ocurrió y llegó la hora de reconsiderar y encarar la movilización y el reclamo sin caer en una demagogia con tufo suicida: la renegociación no resuelve nada, y sí podría agravar las cosas en una cadena alimentaria asediada por vulnerabilidades y deficiencias productivas, por un lado, y por otro, por los cambios de dieta y gusto que nos han traído la urbanización y el cambio demográfico, para no mencionar el secular descuido de la política sanitaria mexicana en materia de nutrición, que ha exacerbado el consumo de cárnicos, cuya alimentación depende de los granos.
Poner las crisis del campo mexicano en una perspectiva adecuada no es recular ni revela falta de voluntad política. El que no se haya hecho a tiempo y con la reflexión necesaria demuestra más bien la incapacidad del Estado y las fuerzas políticas afirmadas en la transición para hacerse cargo de la conducción concreta de las cosas públicas, que implica la creación de las condiciones generales y materiales necesarias, precisamente, para que la cosa pública siga siendo eso y la reproducción de la sociedad obedezca a criterios e intereses generales vinculados con el avance de la vida democrática o la superación de un encono social cuyas raíces tocan fondo en la desigualdad para asegurar y enriquecer el abasto básico.
La fecha fatídica no fue este primero de enero; lo que va a pasar ya pasó, desde que el Estado decidió que los alimentos eran cosa de cada quien y del comercio exterior, en un triste y vergonzoso homenaje a David Ricardo. Abandonada casi toda idea de una política de Estado para el campo y los alimentos básicos, como se propuso al fin de los 70, todo se volvió acción de emergencia, puja puntual entre grupos de productores y gobernantes, negociación cínica y opaca entre líderes y gobierno, transferencias sin ton ni son, migración salvaje y despoblamiento, entronización regional del narcocultivo y sus corridos.
Y sin embargo, el maíz blanco se siguió produciendo y en otros frentes se aprovecharon avenidas de comercio que redundaron en ganancias y modificaciones tecnológicas importantes. Lo que no cambió es la pobreza y la desolación campesina y rural, donde el desarrollo humano avanza por micras y la cohesión social se desvanece cuánticamente.
La paradoja es cruel: la útima apertura se da cuando los precios de los granos y alimentos básicos registran un incremento portentoso debido a la mutación alimentaria china y la decisión del gobierno estadunidense de desviar porciones considerables de su producción maicera a la energía. Con precios al alza, se crean condiciones impensadas para la producción interna de granos, en especial maíz, pero a la vez queda claro que la apertura ya no es sinónimo de precios bajos sino de lo contrario, lo que trae a la mesa el tema de los salarios y los ingresos rurales y urbanos: el estímulo del mercado, que es innegable, debe verse acompasado por medidas redistributivas de fondo y concertadas, así como de políticas de fomento productivo que contemplen la complejidad renovada de la cadena agropecuaria y de la sociedad rural.
Con gritos y sombrerazos no podrán los gobernadores, líderes campesinos y legisladores ofrecernos una pauta racional para encauzar el reclamo airado del mundo rural por su abandono secular y, a la vez, hacer frente al cambio global del que no podemos hacernos a un lado. Tal vez ahora, frente a lo mero básico, la política empiece a recuperar su doble misión histórica de procesar la lucha por el poder y de administrar dilemas, más que recursos, con visión de largo plazo, como la que dejamos en algún surco hace 25 años o más.
MIGRANTES Y REMESAS
LEVE REPUNTE DE REMESAS DURANTE 2007
Notimex y Afp
De enero a noviembre de 2007, las remesas hacia México ascendieron a 22 mil 161.23 millones de dólares, con un aumento de 1.01 por ciento respecto a igual lapso de 2006, cuando sumaron 21 mil 938.83 millones de dólares, informó el Banco de México.
Sin embargo, esta cifra es menor en 6.65 por ciento al monto acumulado de enero a diciembre de 2006, cuando los envíos al país de los mexicanos radicados en el exterior alcanzaron 23 mil 742.16 millones de dólares.
Tan sólo en noviembre pasado las remesas, que constituyen la tercera fuente de divisas después de las exportaciones petroleras y la inversión extranjera directa, fueron de mil 798.91 millones de dólares, menor en 16.87 por ciento a los 2 mil 163.90 millones de dólares en octubre del año pasado.
La información del Banco de México muestra que de enero a noviembre de 2007 se realizaron 63.26 millones de operaciones de envío, 1.24 por ciento m ás respecto a igual lapso de 2006, pero por un monto promedio de 350.33 dólares, menor a los 351.12 dólares de enero a noviembre de 2006.
En noviembre pasado se realizaron un total de 6 millones 272.38 operaciones por un monto promedio de 344.99 dólares cada una, apuntó el banco central.
EU endurece control migratorio
Al respecto, Grupo Financiero Banamex explicó que las menores tasas de crecimiento de las remesas obedecen principalmente a la mejor medici ón de los envíos, y al endurecimiento de las medidas para disminuir la migraci ón ilegal a Estados Unidos. Asimismo, son consecuencia de la desaceleraci ón en el sector de la construcción en Estados Unidos y las expectativas de menor crecimiento futuro de ese país.
Aun cuando la captaci ón de remesas perdi ó dinamismo en todo el país e incluso retrocedió en la tercera parte de las entidades, destacó que estos recursos son aún de gran importancia a nivel regional, ya que constituyen una fuente importante de poder de compra en los estados del país.
El Banco Mundial coincidi ó con la entidad financiera al señalar, recientemente, que el volumen de remesas a México crecerá tan sólo 1.4 por ciento en 2007.
Notimex y Afp
De enero a noviembre de 2007, las remesas hacia México ascendieron a 22 mil 161.23 millones de dólares, con un aumento de 1.01 por ciento respecto a igual lapso de 2006, cuando sumaron 21 mil 938.83 millones de dólares, informó el Banco de México.
Sin embargo, esta cifra es menor en 6.65 por ciento al monto acumulado de enero a diciembre de 2006, cuando los envíos al país de los mexicanos radicados en el exterior alcanzaron 23 mil 742.16 millones de dólares.
Tan sólo en noviembre pasado las remesas, que constituyen la tercera fuente de divisas después de las exportaciones petroleras y la inversión extranjera directa, fueron de mil 798.91 millones de dólares, menor en 16.87 por ciento a los 2 mil 163.90 millones de dólares en octubre del año pasado.
La información del Banco de México muestra que de enero a noviembre de 2007 se realizaron 63.26 millones de operaciones de envío, 1.24 por ciento m ás respecto a igual lapso de 2006, pero por un monto promedio de 350.33 dólares, menor a los 351.12 dólares de enero a noviembre de 2006.
En noviembre pasado se realizaron un total de 6 millones 272.38 operaciones por un monto promedio de 344.99 dólares cada una, apuntó el banco central.
EU endurece control migratorio
Al respecto, Grupo Financiero Banamex explicó que las menores tasas de crecimiento de las remesas obedecen principalmente a la mejor medici ón de los envíos, y al endurecimiento de las medidas para disminuir la migraci ón ilegal a Estados Unidos. Asimismo, son consecuencia de la desaceleraci ón en el sector de la construcción en Estados Unidos y las expectativas de menor crecimiento futuro de ese país.
Aun cuando la captaci ón de remesas perdi ó dinamismo en todo el país e incluso retrocedió en la tercera parte de las entidades, destacó que estos recursos son aún de gran importancia a nivel regional, ya que constituyen una fuente importante de poder de compra en los estados del país.
El Banco Mundial coincidi ó con la entidad financiera al señalar, recientemente, que el volumen de remesas a México crecerá tan sólo 1.4 por ciento en 2007.
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