La incursion de Pemex en aguas profundas
sábado 15 de marzo de 2008
La Jornada → Opinión → Correo enviado. Adrián Lajous.
La incursión de Pemex en aguas profundas. Pemex es el principal productor costa afuera de petróleo en el mundo. La producción se localiza casi exclusivamente en aguas someras del Golfo de Campeche y en el litoral de Tabasco. En 1999, se iniciaron los trabajos de exploración que han llevado a esta empresa a perforar en aguas profundas con tirantes de agua de más de 500 metros y ahora se apresta a incursionar en aguas ultra-profundas. Pemex define a estas últimas como las que registran tirantes de agua de más de mil 500 metros y considera profundas las de tirantes entre 500 y mil 500 metros. El avance de Pemex en una primera fase de actividades en aguas profundas, frente a las costas de Tabasco y el sur de Veracruz, ha sido cauto y su éxito limitado. Ha descubierto dos yacimientos de gas no- asociado y uno de petróleo crudo extra-pesado. El campo m ás importante hasta ahora es Lakach, que incorporó mil 300 millones de pies cúbicos de reservas totales de gas natural. La decisi ón de explorar en aguas ultra-profundas, en tirantes de más de mil 500 metros, fue tomada por Pemex en 2007. El 30 de agosto la empresa anunci ó que ya se habían contratado tres plataformas semi-sumergibles que estarían disponibles en el transcurso de 2010 y que se estaba en proceso de contratar una plataforma adicional. Uno de los contratos fue suscrito con la empresa inglesa Sea Dragon Offshore para arrendar por cinco años una plataforma semi -sumergible capaz de perforar pozos en aguas con profundidades de hasta 3 mil 48 metros, en medios inclementes. El valor total del contrato asciende a 958 millones de dólares. Se espera que la plataforma sea entregada en enero de 2010. Su casco está siendo construido en Rusia y será equipada en Escocia (www.seadragonoffshore.com ). Otro contrato fue adjudicado a la empresa mexicana Industrial Perforadora de Campeche, del Grupo R. Esta segunda plataforma está siendo construida en Corea por Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering y será capaz de perforar en aguas con una profundidad de hasta tres mil metros. El contrato es tambi én de cinco años, siendo la renta diaria de 530 mil dólares. El valor total del contrato es cercano a los mil millones de dólares. La empresa arrendadora recibi ó financiamiento por 650 millones de dólares de WestLB y BBVA para la construcción de la plataforma que deberá ser terminada en septiembre de 2010, para iniciar operaciones en el Golfo de México en diciembre de ese año (www.bnamericas.com). La tercera plataforma de sexta generación está siendo construida en el astillero de Jurong, en Singapur, para la empresa noruega Petromena. El contrato de arrendamiento con Pemex es de cinco años a partir de enero de 2010. El valor bruto del contrato es de 942 millones de dólares. La plataforma será administrada por Larsen Oil and Gas (www.petromena.no). Adicionalmente, Pemex contrató una plataforma semi-sumergible a la empresa estadounidense Noble Corporation que puede perforar en tirantes de hasta 2 mil 100 metros de profundidad. El contrato de arrendamiento es de tres años, a partir de agosto de 2008, la tarifa diaria pactada es 485 mil dólares y el valor del contrato asciende a 530 millones de dólares (www.noblecorp.com). Esta flotilla de plataformas permitirá ejecutar un programa de perforación de dimensi ón sustancial. En el sector estadunidense del Golfo de México ninguna empresa individual cuenta hoy con tantas plataformas dedicadas exclusivamente a actividades exploratorias. Pemex tendrá que preparar y autorizar un amplio acervo de localizaciones a perforar, contratar los equipos de perforaci ón, supervisar su ejecuci ón y coordinar a las diversas empresas que proporcionan los servicios especializados requeridos por este programa. De tener éxito en estas actividades de exploración, tendrá entonces que montar un programa de desarrollo aún m ás vasto. El propio Pemex ha reconocido su falta de experiencia en aguas ultra-profundas y es difícil pensar que el limitado trabajo exploratorio que actualmente realiza en aguas de menos de mil metros sea el necesario y suficiente para abordar un programa en aguas ultra-profundas de la magnitud y complejidad como el que ahora se propone. Esto significa que requerirá asociarse con empresas que cuentan con la capacidad y la experiencia del caso. Sería importante comprender el proceso de toma de decisiones que llevó a la adquisici ón de estas plataformas en los primeros seis meses del gobierno del presidente Calderón, una vez tomada la decisi ón fundamental de lanzarse a la exploración en aguas ultra-profundas. Dada la ocupación plena, a nivel global, de plataformas con las características requeridas, fue necesario salir a contratar la construcción de nuevas plataformas. El riesgo incurrido por Pemex se limitaba a que hubiera un cambio básico en las condiciones de este mercado de equipos, lo que se consideró poco probable. Si por algún motivo se decidiera posponer o redimensionar el programa exploratorio en aguas ultra- profundas, los contratos de arrendamiento de plataformas podrían ser transferidos a terceros, para perforar en otros países. En cambio, si no se garantizaba la disponibilidad de equipos para 2010, este programa de exploraciones se tendría que postergar al siguiente periodo gubernamental. Otro aspecto interesante de la decisi ón es la magnitud del programa. Suponiendo sólo tres plataformas, su costo anual será de cuando menos mil millones de dólares, al incluir todos los servicios. Pemex no cuenta actualmente con la capacidad técnica, organizativa y de gesti ón, como tampoco con los recursos humanos altamente calificados, para iniciar la perforaci ón exploratoria en aguas ultra-profundas, cuando comiencen a llegar las plataformas contratadas. Sus carencias serán aún mayores en la medida que las actividades de exploración sean exitosas, dado que el desarrollo de campos entraña recursos humanos y técnicos aún más cuantiosos. Estas restricciones se estrechan aún más debido a la dimensión de los requerimientos gerenciales y de personal técnico que suponen los ambiciosos programas de exploraci ón y desarrollo de Chicontepec, Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y la Regi ón Sur, entre otros. El avance simultáneo en tantos frentes podría poner en riesgo a todos. El gran programa de aguas ultra-profundas tuvo que ser ideado sobre la base de un fuerte y extenso apoyo externo. Sin embargo, aún hoy no queda claro cuál va a ser su origen, como tampoco la naturaleza y estructura de la relaci ón contractual que vinculará a Pemex con las empresas nacionales e internacionales con las que se asocie. ¿ Busca el gobierno atraer a empresas petroleras o a empresas de servicios? ¿Podrá hacerlo mediante la suscripci ón de contratos de servicios puros o necesita contar, inevitablemente, con contratos de servicios incentivados –risk service contracts? Estas dos cuestiones centrales tendrán que ser resueltas en un plazo perentorio. La importancia y la urgencia que las autoridades y Pemex están dando al tema de aguas ultra-profundas en los medios de difusi ón masiva reflejan la necesidad apremiante de una definición. Las empresas internacionales han trabajado con las entidades que ejercen los derechos de propiedad de los hidrocarburos sobre la base de esquemas concesionarios y mediante contratos en los que se comparten los riesgos y los beneficios de su explotación –production sharing agreements. Sólo en casos excepcionales han accedido a utilizar contratos de servicios incentivados y, cuando lo han hecho, la distribución de riesgos y beneficios no ha sido del todo transparente. Las empresas de servicios petroleros ofrecen, de manera creciente pero aún incipiente, contratos integrados de servicios de exploración, desarrollo y producción, en circunstancias en las que los riesgos son relativamente bajos y están bien acotados. Hasta ahora no han participado como operadores en proyectos de la dimensi ón, la complejidad y el riesgo que caracterizan a los proyectos de aguas profundas. La Constituci ón mexicana expl ícitamente prohíbe el otorgamiento de concesiones y contratos de riesgo. El artículo sexto de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia de petróleo, excluye a los contratos incentivados. Allí se establece que las remuneraciones de los contratos de obras y de prestación de servicios “ no podrán conceder porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las explotaciones ” . Hubo quienes pensaron que se podrían encontrar formulas para darle la vuelta al artículo sexto o, cuando menos, dar mayor latitud a la interpretaci ón que de él se ha hecho hasta ahora. Quizá recordaban la introducción de los contratos de servicios m últiples en la Cuenca de Burgos, aunque no su exiguo éxito. Otros más creyeron que el Ejecutivo Federal lograría convencer a los legisladores de que modificaran este artículo y que contaría con la mayoría simple necesaria para votar estos cambios a la Ley reglamentaria. En cualquier caso, se consideró que los cambios requeridos podrían obtenerse antes de mayo o, desde luego, a principios de septiembre de 2008, a más tardar. Sin embargo, las circunstancias pol íticas no han permitido hacer una propuesta en esta materia, en el marco de una reforma energética que a mediados de marzo aún no llega al Congreso. Por su parte, las empresas privadas no podrán responder a las invitaciones que las autoridades han hecho, a apoyar el programa de exploraci ón en aguas ultra-profundas, sin antes contar con una certeza jurídica plena respecto a modelos contractuales específicos de servicios incentivados. Ante este impasse aumentará la tentaci ón de buscar soluciones pragmáticas, como en su momento fueron los contratos de servicios m últiples. Esta solución no es factible para tareas costosas de alto riesgo. Muy pocas empresas estarían dispuestas a participar, y estas no son necesariamente las que convienen al país. Este tampoco es un camino políticamente viable en las condiciones actuales. Por el contrario, resulta indispensable buscar alternativas trasparentes y eficaces que permitan movilizar los recursos de Pemex, de las empresas de servicios y de las empresas petroleras internacionales. Convendría explorar modelos de asociación como los que buscan armar Gazprom, Total y StatoilHydro para la exploración y el desarrollo de Shtokman, un campo súper-gigante cerca del Ártico. Sin embargo, nada de esto va ser posible sin antes realizar un trabajo pol ítico verdaderamente constructivo. Será comprensible que muchos legisladores reaccionen negativamente frente a lo que interpretarán como un fait accompli impuesto por las autoridades. Se requerirá una gran habilidad de negociación para establecer la confianza m ínima necesaria para poder ir adelante. Convendrá tambi én avanzar en la construcci ón de un nuevo marco regulador que norme las actividades extractivas de la industria petrolera.
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15 de marzo de 2008
21 de enero de 2008
Tiene el gobierno fondos para desarrollar Pemex
La renta petrolera en 2007 fue de $432 mil 789 millones
Los ingresos van al erario, según información oficial
Israel Rodríguez J.
La Jornada. Sábado 19 de Enero del 2008
El gobierno federal posee los suficientes recursos para destinarlos al desarrollo de la infraestructura productiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin necesidad de la participación de la inversión privada, según se constata en el análisis de los informes más recientes sobre finanzas públicas y de los resultados financieros de la empresa.
Sin embargo, la renta petrolera en el país se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una herramienta para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero de México.
La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de la venta del petróleo y su costo de extracción. Esto significa que si en promedio el extraer un barril de petróleo en el país tiene un costo promedio de ocho dólares y se vende en los mercados internacionales en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos y un costo de ventas más gastos operativos de 375 mil 339 millones de pesos, es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Lo anterior, contrasta con el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector, encabezados por la Secretaría de Energía, Georgina Kessel y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y legisladores del PRI y PAN, que consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
El mismo informe señala, sin embargo, que al cierre del tercer trimestre de 2007, la paraestatal entregó o pagó al fisco; entre impuestos, derechos y aprovechamientos, 457 mil 341 millones de pesos, es decir, tuvo que entregar la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos, aproximadamente.
Según la última información disponible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de noviembre de 2007, las finanzas públicas registraron un superávit fiscal, es decir, más ingresos que gastos, por 192 mil 98 millones de pesos, como resultado de haber obtenido ingresos por 2 billones 35 mil 500 millones de pesos y de haber realizado gastos por un billón 874 mil 615 millones de pesos.
Esta favorable evolución de los ingresos presupuestarios se explica en gran medida con el positivo comportamiento de los ingresos petroleros que a noviembre del año pasado fueron de 753 mil 153.3 millones de pesos, lo que representó 37 por ciento del total. Esto quiere decir que de cada peso que ingresó al gobierno 37 centavos provinieron directamente del petróleo.
Es importante señalar que esta proporción es mayor si se considera la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado de las gasolinas y los excedentes petroleros, éstos últimos se estima que ascendieron a noviembre del año pasado a 113 mil 399 millones de pesos.
En contraste se observó que el gasto público se concentró en el gasto corriente que ascendió a un billón 231 mil 836 millones de pesos, cifra que representa el 61 por ciento del gasto total, seguido por el gasto no programable que significó 25.5 por ciento y que se conforma principalmente por el costo financiero de la deuda y las participaciones federales a los Estados de la República.
A este respecto, el especialista y consultor en temas financieros, Mario Di Costanzo afirmó: “Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que entrarán al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna empresa del mundo, aceptaría o sería rentable, con esa carga fiscal”.
El también secretario de la hacienda pública del autodenominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, indicó que a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la reforma energética que se presentará no buscará la privatización de Pemex, pero el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo, implicaría la transferencia o cesión de buena parte de la renta petrolera que es de todos los mexicanos, a compañías privadas extranjeras, advirtió.
Alertó que la inversión privada o empresas trasnacionales que entren al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal “carga fiscal” por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida, lo que les permitiría adueñarse de la “renta petrolera”.
Los ingresos van al erario, según información oficial
Israel Rodríguez J.
La Jornada. Sábado 19 de Enero del 2008
El gobierno federal posee los suficientes recursos para destinarlos al desarrollo de la infraestructura productiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin necesidad de la participación de la inversión privada, según se constata en el análisis de los informes más recientes sobre finanzas públicas y de los resultados financieros de la empresa.
Sin embargo, la renta petrolera en el país se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una herramienta para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero de México.
La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de la venta del petróleo y su costo de extracción. Esto significa que si en promedio el extraer un barril de petróleo en el país tiene un costo promedio de ocho dólares y se vende en los mercados internacionales en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos y un costo de ventas más gastos operativos de 375 mil 339 millones de pesos, es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Lo anterior, contrasta con el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector, encabezados por la Secretaría de Energía, Georgina Kessel y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y legisladores del PRI y PAN, que consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
El mismo informe señala, sin embargo, que al cierre del tercer trimestre de 2007, la paraestatal entregó o pagó al fisco; entre impuestos, derechos y aprovechamientos, 457 mil 341 millones de pesos, es decir, tuvo que entregar la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos, aproximadamente.
Según la última información disponible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de noviembre de 2007, las finanzas públicas registraron un superávit fiscal, es decir, más ingresos que gastos, por 192 mil 98 millones de pesos, como resultado de haber obtenido ingresos por 2 billones 35 mil 500 millones de pesos y de haber realizado gastos por un billón 874 mil 615 millones de pesos.
Esta favorable evolución de los ingresos presupuestarios se explica en gran medida con el positivo comportamiento de los ingresos petroleros que a noviembre del año pasado fueron de 753 mil 153.3 millones de pesos, lo que representó 37 por ciento del total. Esto quiere decir que de cada peso que ingresó al gobierno 37 centavos provinieron directamente del petróleo.
Es importante señalar que esta proporción es mayor si se considera la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado de las gasolinas y los excedentes petroleros, éstos últimos se estima que ascendieron a noviembre del año pasado a 113 mil 399 millones de pesos.
En contraste se observó que el gasto público se concentró en el gasto corriente que ascendió a un billón 231 mil 836 millones de pesos, cifra que representa el 61 por ciento del gasto total, seguido por el gasto no programable que significó 25.5 por ciento y que se conforma principalmente por el costo financiero de la deuda y las participaciones federales a los Estados de la República.
A este respecto, el especialista y consultor en temas financieros, Mario Di Costanzo afirmó: “Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que entrarán al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna empresa del mundo, aceptaría o sería rentable, con esa carga fiscal”.
El también secretario de la hacienda pública del autodenominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, indicó que a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la reforma energética que se presentará no buscará la privatización de Pemex, pero el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo, implicaría la transferencia o cesión de buena parte de la renta petrolera que es de todos los mexicanos, a compañías privadas extranjeras, advirtió.
Alertó que la inversión privada o empresas trasnacionales que entren al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal “carga fiscal” por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida, lo que les permitiría adueñarse de la “renta petrolera”.
20 de enero de 2008
Pemex, sin fondos por excesiva transferencia al Gobierno, dice EU
-Se le deja sin recursos para revertir la declinación de reservas: Departamento de Energía
-PEMEX, sin fondos por excesiva transferencia al gobierno, dice EU
La reserva probada de crudo es ahora una cuarta parte de la reportada hace una década
-En desequilibrio orilla a la empresa a endeudarse y le impide acceder a mercados de capital
Roberto González Amador
La Jornada. Enero 9 del 2008
Un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos aseguró que la incapacidad financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) para invertir en acciones que permitan aumentar la reserva de hidrocarburo está determinada sobre todo por la cuantiosa transferencia de recursos al gobierno federal.
“Pemex no tiene suficientes fondos disponibles para exploración y para invertir en acciones que permitan revertir la declinación de reservas, debido a la gran cantidad de ingresos de la compañía que son transferidos al gobierno federal”, indicó el Departamento de Energía estadunidense.
La falta de recursos de Pemex para realizar nuevas exploraciones y aumentar la reserva probada de petróleo es uno de los argumentos que usan sectores favorables a modificar el actual estatus legal de la compañía, que impide la entrada de inversión privada. Este tipo de explicación ha sido ofrecida tanto por funcionarios de la actual administración federal como por legisladores del partido en el gobierno en el Senado de la República, donde se estudia una posible reforma del sector energético.
En un informe concluido en diciembre pasado, la Administración de Información de Energía, una agencia del Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, mencionó que la reserva probada de petróleo de México es ahora de 12 mil 400 millones de barriles de crudo, cantidad que representa sólo una cuarta parte de la reportada hace una década, cuando fue de 48 mil 800 millones de barriles.
Al citar datos oficiales del gobierno mexicano, el reporte del DOE indica que la reserva probada de petróleo en México es ahora suficiente para 10 años, a los actuales ritmos de explotación, cuando apenas en 2002 era suficiente para cubrir 20 años de actividad.
Agrega que Petróleos Mexicanos enfrenta varios desafíos en su esfuerzo por detener la caída en la producción de crudo. En primer lugar, menciona, Pemex entrega al gobierno federal una “gran proporción” de sus ingresos, “transfiriendo algunas veces montos excesivos según su nivel de ganancias”.
Adicionalmente, agrega, el Congreso debe aprobar el presupuesto de la empresa cada año, lo que tiene el efecto de limitar la capacidad de Pemex de tomar sus decisiones de manera independiente, y también inhibe la planeación de largo plazo.
El desbalance que afecta a Pemex en cuanto al monto de recursos que entrega al gobierno ha llevado a la empresa a recurrir a un mayor endeudamiento, lo que, añade el DOE, puede limitar su acceso a los mercados internacionales de capital e impedir un aumento en su gasto para exploración y producción.
El 20 de diciembre pasado, la agencia de noticias Bloomberg divulgó un despacho en el que dio cuenta que en el Senado se trabaja en una iniciativa, respaldada por Acción Nacional, el partido en el gobierno, para permitir que algunas actividades relacionadas con la industria petrolera puedan ser financiadas con capital privado, algo que actualmente está prohibido por la Constitución y las leyes secundarias.
La propuesta que está estudiando la Comisión de Energía del Senado permitiría a compañías petroleras operar oleoductos, refinerías y distribuir productos petroleros en México, dijo a Bloomberg el senador Rubén Camarillo, del Partido Acción Nacional.
“Creemos que hay una gran oportunidad para la participación de la iniciativa privada, siempre y cuando se sujete al concepto de que Pemex no se privatice”, según el legislador panista. “Nosotros vemos ductos, transportación, distribución y almacenamiento, que son áreas que están rezagadas”.
Permitir que compañías privadas desempeñen un mayor papel en la industria petrolera, controlada por el Estado, es una de las principales metas del partido de Calderón. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, señaló en diciembre que la producción de crudo de México podía caer un tercio para 2016, a menos que los legisladores relajen las reglas de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con la agencia de noticias.
-PEMEX, sin fondos por excesiva transferencia al gobierno, dice EU
La reserva probada de crudo es ahora una cuarta parte de la reportada hace una década
-En desequilibrio orilla a la empresa a endeudarse y le impide acceder a mercados de capital
Roberto González Amador
La Jornada. Enero 9 del 2008
Un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos aseguró que la incapacidad financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) para invertir en acciones que permitan aumentar la reserva de hidrocarburo está determinada sobre todo por la cuantiosa transferencia de recursos al gobierno federal.
“Pemex no tiene suficientes fondos disponibles para exploración y para invertir en acciones que permitan revertir la declinación de reservas, debido a la gran cantidad de ingresos de la compañía que son transferidos al gobierno federal”, indicó el Departamento de Energía estadunidense.
La falta de recursos de Pemex para realizar nuevas exploraciones y aumentar la reserva probada de petróleo es uno de los argumentos que usan sectores favorables a modificar el actual estatus legal de la compañía, que impide la entrada de inversión privada. Este tipo de explicación ha sido ofrecida tanto por funcionarios de la actual administración federal como por legisladores del partido en el gobierno en el Senado de la República, donde se estudia una posible reforma del sector energético.
En un informe concluido en diciembre pasado, la Administración de Información de Energía, una agencia del Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, mencionó que la reserva probada de petróleo de México es ahora de 12 mil 400 millones de barriles de crudo, cantidad que representa sólo una cuarta parte de la reportada hace una década, cuando fue de 48 mil 800 millones de barriles.
Al citar datos oficiales del gobierno mexicano, el reporte del DOE indica que la reserva probada de petróleo en México es ahora suficiente para 10 años, a los actuales ritmos de explotación, cuando apenas en 2002 era suficiente para cubrir 20 años de actividad.
Agrega que Petróleos Mexicanos enfrenta varios desafíos en su esfuerzo por detener la caída en la producción de crudo. En primer lugar, menciona, Pemex entrega al gobierno federal una “gran proporción” de sus ingresos, “transfiriendo algunas veces montos excesivos según su nivel de ganancias”.
Adicionalmente, agrega, el Congreso debe aprobar el presupuesto de la empresa cada año, lo que tiene el efecto de limitar la capacidad de Pemex de tomar sus decisiones de manera independiente, y también inhibe la planeación de largo plazo.
El desbalance que afecta a Pemex en cuanto al monto de recursos que entrega al gobierno ha llevado a la empresa a recurrir a un mayor endeudamiento, lo que, añade el DOE, puede limitar su acceso a los mercados internacionales de capital e impedir un aumento en su gasto para exploración y producción.
El 20 de diciembre pasado, la agencia de noticias Bloomberg divulgó un despacho en el que dio cuenta que en el Senado se trabaja en una iniciativa, respaldada por Acción Nacional, el partido en el gobierno, para permitir que algunas actividades relacionadas con la industria petrolera puedan ser financiadas con capital privado, algo que actualmente está prohibido por la Constitución y las leyes secundarias.
La propuesta que está estudiando la Comisión de Energía del Senado permitiría a compañías petroleras operar oleoductos, refinerías y distribuir productos petroleros en México, dijo a Bloomberg el senador Rubén Camarillo, del Partido Acción Nacional.
“Creemos que hay una gran oportunidad para la participación de la iniciativa privada, siempre y cuando se sujete al concepto de que Pemex no se privatice”, según el legislador panista. “Nosotros vemos ductos, transportación, distribución y almacenamiento, que son áreas que están rezagadas”.
Permitir que compañías privadas desempeñen un mayor papel en la industria petrolera, controlada por el Estado, es una de las principales metas del partido de Calderón. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, señaló en diciembre que la producción de crudo de México podía caer un tercio para 2016, a menos que los legisladores relajen las reglas de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con la agencia de noticias.
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